El precio de la objetividad

En contraste con las democracias de mayor tradición, donde los principios que rigen el sistema gozan de una condición extremadamente estable, la joven democracia española ha destacado siempre por la naturaleza interpretable de sus postulados fundamentales. Ni siquiera hace falta un episodio traumático para el cambio de paradigma de los valores, basta con que varíen las modas. Así, en relación a la separación de poderes, durante mucho tiempo se proclamó ufanamente que Montesquieau había muerto. Con el paso de los años, quién sabe si por el espectáculo de la corrupción o por el éxito de las series americanas de abogados, fue calando en el sentido común de la mayoría la importancia de la independencia del poder judicial respecto del político. Y el unánime grito de “¡Regeneración, regeneración!” (no exento de cierta dosis de impostura, pero así funciona la comedia) se hizo verbo en los programas electorales de cualquier partido que quisiera reconocerse como decente.

Bien está. Sin embargo, cualquier persona lúcida debería observar con un punto de escepticismo tales proclamas optimistas. Es posible que determinadas modificaciones legislativas incentiven la objetividad de los jueces, por mor de su independencia. Pero no habría que desdeñar el peso de la inercia cultural contra el que debería luchar este benéfico voluntarismo. En España, no sólo en el estamento judicial, la objetividad carece de prestigio, por más que lo nieguen algunas bocas pequeñas. Ni políticos, ni historiadores, ni letrados, ni periodistas, ni por supuesto opinadores, asumen las consecuencias de una actitud ecuánime respecto a la realidad, es decir, aquella que pretende analizar los hechos al margen de cualquier convicción personal. “La objetividad no existe” es el posmoderno comodín del público, y sirve de refugio a bribones interesados, sectarios y perezosos. Contra esta actitud vital habrían de chocar las reformas, viendo reducida su efectividad.

En realidad, es comprensible. La objetividad supone, ante todo, dificultad. Por el desafío intelectual que supone su estímulo del análisis crítico, por supuesto. Pero también por las implicaciones. En múltiples ocasiones, una actitud imparcial conlleva diferir de los criterios de la mayoría. Y hay que atreverse. La politización de la justicia no es más que una forma algo elaborada de sucumbir a la cálida protección del grupo. Naturalmente, para no contrariar las decisiones colectivas, se necesita mimetizarse y muchas veces renunciar a las propias. Cuando la supervivencia económica depende de esto, la solución al dilema suele resultar sencilla. Y aún existe otra razón, de carácter más psicológico. La objetividad significa cuestionamiento continuo, ausencia de autocomplacencia, y, en última instancia, soledad. Exigua recompensa personal, que pocos alicientes puede ofrecer, más allá de los eslóganes en boga. Al fin y al cabo, la influencia de las modas es enorme, pero siempre culmina con tributos al gregarismo.